El sistema de injusticia penal del régimen de EEUU

La justicia no es para los negros, los hispanos y los pobres

Las crónicas de un investigador privado

Alguna vez -yo era periodista- cubrí acciones de guerra en Indochina, América Central y Oriente Medio. Del escribir sobre las víctimas de la guerra, las “bajas civiles”, hice mi trabajo. Para mí, de ninguna manera eran “daños colaterales”, el incruento eufemismo que los militares tratan de que adoptemos los periodistas. Para mí, ellos eran lo principal de la guerra. Hoy en día, trabajo en casa; soy detective privado. Sobre todo, mi trabajo tiene que ver con casos de homicidio; lo hago por encargo de abogados defensores en las calles malas de Oakland, California, una de las capitales del asesinato en Estados Unidos.

Algunas veces, Oakland se parece a Saigon, Tegucigalpa o Gaza. Ahí está el engaño de la vida cotidiana y la silenciosa rutina del terror por el tumulto repentino. Los barrios pobres de Oakland son una zona de guerra donde la violencia puede estallar incluso en calles convertidas en suntuosas de la noche a la mañana gracias al boom tecnológico. Cualquier día tranquilo, es posible bajar por la avenida de San Pablo hasta la iglesia católica de St. Columba, donde un bosque de cruces blancas -una por cada habitante de la ciudad muerto por la violencia armada, año tras año- llena su jardín delantero.

Cada vez que le digo a alguien que soy detective privada, me pregunta: “¿Consigue sacar a un inocente del corredor de la muerte?”. O, “¿Puede seguir a mi ex”?. O, “¿Qué pistola lleva?”.

Siempre decepciono a todos. Sí, efectivamente defiendo a personas para librarlas de la pena de muerte, pero hasta donde sé es probable que todos mis acusados sean culpables, o casi (a menudo, sobre su culpabilidad, solo puedo hacer conjeturas). Mientras el mantener a alguien fuera del corredor de la muerte puede absolverme de ser encubridora de un asesinato, lo cierto es que mis acusados acaban regularmente condenados a vivir en prisión hasta que mueran allí.

Creo que espiar a la ex pareja de una persona es una fantasía de asesinato mucho más sórdida que el asesinato mismo. Finalmente, soy una buena tiradora, pero no llevo pistola porque el llevarla es la forma más idónea de que a una le peguen un tiro.

Trabajo en casos de bajo perfil: gente pobre acusada de asesinato, robo o atraco, que no tiene dinero para pagar a un abogado o un detective privado (a mí me paga -es un decir- el Estado).

Después están los que invariablemente quieren saber cómo es que puedo defender a un asesino. La respuesta de la facultad de derecho es: la Constitución garantiza un juicio justo a todo el mundo.

Sin embargo, para mí, si se trata de una caso de condena a muerte, la cosa es sencilla: no importa qué puede haber hecho (o no hecho) el acusado; yo estoy contra la pena de muerte. Pero en esta época en que se para a alguien en la calle para cachearlo, en que el perfil racial es determinante, en que se sentencia compulsivamente, en que se condena a muerte, en que la libertad es algo condicional, por no mencionar las ejecuciones policiales, la respuesta real es: no puedo. Esto es: defiendo a todo el mundo. No del todo.

No soy más que un pequeño engranaje del enorme sistema de injusticia penal de Estados Unidos. Uno de los abogados para quien trabajo algunas veces se define mismo como “apenas una planta en su maceta”. Es posible que mis acusados sean culpables, pero casi nunca lo son de aquello que se les acusa. Raramente son condenados por lo que realmente hicieron y nunca son condenados con imparcialidad.

“Se quebró”

Un día, hace poco tiempo, estaba preparándome para salir a la calle en Oakland para buscar a un testigo de un asesinato cuando encontré en mi casilla un correo de la jueza Sonia Sotomayor expresando su disconformidad en el caso ‘Utah contra Strieff’ en manos del Tribunal Supremo. Me había sido enviado por una psicóloga con quien había trabajado una vez en un caso de pena capital.

Cualquiera que haya creído que la nueva coalición de liberales y conservadores que tienen la esperanza de reformar el sistema penal de justicia en realidad consiga algo debería leer el caso Strieff. Los hechos son estos: un agente de policía de Salt Lake City estaba vigilando una casa donde según se decía vivían unos traficantes de anfetaminas. Cuando Edward Joseph Strieff salía de la casa, el agente lo paró para hacerle unas preguntas y comprobar sus antecedentes. Cuando el policía supo que existía una citación judicial por no haber pagado un ticket de parking, cacheó a Strieff y le encontró anfetaminas en los bolsillos; inmediatamente lo detuvo por posesión de drogas.

A partir del caso Strieff y otros anteriores, el Tribunal Supremo ha decretado últimamente que las pruebas obtenidas en un registro ilegal no son “el fruto de un árbol venenoso”, como el juez Felix Frankfurter estableció en 1939; por lo tanto ya no debían ser eliminadas. Auque sean recogidos ilegalmente, esos elementos de prueba pueden utilizarse en un juicio contra un acusado.

En resumen, el registro en la calle y el perfil racial, que son reivindicaciones clave que se han fijado los movimientos que luchan por los nuevos derechos civiles, acaban de conseguir el sello de aprobación del más alto tribunal del país.

Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan también han discrepado. Pero ha sido Sotomayor quien hizo sonar la alarma mediante una nota de opinión que evoca nada menos que a James Baldwin en su libro The Fire Next Time y en buena medida incluye citas de W.E.B. Du Bois, Ta-Nehisi Coates y Michelle Alexander.

Sotomayor escribió:

“El Tribunal sostiene hoy que el descubrimiento de una citación por la falta de pago de un ticket de parking puede justificar la violación de los derechos garantizados por la Cuarta Enmienda realizada por parte de un agente de policía. El lenguaje técnico de la opinión no debe tranquilizar a nadie: este caso permite que la policía detenga a cualquiera en la calle, le exija la documentación y verifique si tiene citaciones pendientes por infracciones de tránsito, aunque el implicado no esté haciendo nada malo. Si el agente descubre que usted ha sido citado porque olvidó de pagar una multa, ahora los tribunales justifican su detención ilegal y aceptarán como prueba cualquier cosa que él haya encontrado en el cacheo realizado después de ser parado en la calle. Dado que la Cuarta Enmienda constitucional debería prohibir esto, no permitir esta mala conducta, yo estoy en desacuerdo.”

Y llegó a esta conclusión:

“Este caso le dice a cualquiera, sea blanco o negro, culpable o inocente, que un agente de policía puede verificar su situación legal en cualquier momento. Dice también que si los tribunales permiten la violación de los derechos del ciudadano, el cuerpo del implicado es objeto de una invasión. Esto implica que uno no es un ciudadano de una democracia sino el sujeto de un país carcelario en espera permanente de ser clasificado.

“No debemos fingir que las innumerables personas que caen rutinariamente en la mira de la policía son casos ‘aislados’. Son el canario de las minas de carbón, cuya muerte, tanto civil como literal, nos avisa de que nadie puede respirar en esa atmósfera.”

La discrepancia de Sotomayor describe la existencia cotidiana de mis acusados. Demasiado pobres para pagar el seguro de su vehículo, o arreglar las luces rojas traseras, o pagar un ticket de estacionamiento, o tener la tarjeta verde, siempre están en situación de alerta por la presencia de la policía (el brillante ensayo de Alice Goffman, On the Run: Fugitive Life in an American City [Correr; la vida fugitiva en una ciudad estadounidense], cuenta en detalle cómo funciona esto en uno de los barrios más pobres de Filadelfia). Mis acusados han sido condenados a vivir en una zona de guerra antes ya de encontrarse un día acusados en un tribunal. Han sido condenados a vivir condicionalmente, y algunas veces a muerte, pillados como están en medio del fuego cruzado del enfrentamiento entre la policía y los gángsteres del barrio.

Una citación judicial por, digamos, un ticket de parking impago descubierto en una detención aprobada por el caso Strieff hace que usted mismo y su vehículo sean registrados por la policía y tal vez incluso dé lugar a una redada en busca de marihuana, el estupefaciente elegido por muchos pobres. Si al registrado se lo ocurre objetar el registro, o salir corriendo, o el agente ha tenido un mal día, aquel puede acabar muerto (negarse a pagar la protección de los matones del barrio o estar en la esquina inadecuada en el momento equivocado, puede tener las mismas consecuencias).

Una vez que alguien ha sido arrestado, si dice que quiere un abogado, conseguirá uno pagado por el Estado que, con toda seguridad, está tan recargado de trabajo que es posible que no pueda encontrarse con quien le necesita ni leerle los cargos antes de que deba comparecer ante el tribunal. Aunque sea inocente, es posible que pase varias semanas o incluso meses antes de que sea tratado el caso del arrestado, y años antes de que sea llevado a juicio.

Para investigar un delito, un fiscal de distrito (DA, por sus siglas en inglés) tiene a todo el departamento de policía a su disposición (pese a ello, el departamento de policía de Oakland -con el que me enfrento a menudo- resuelve solo el 27 por ciento de los casos de asesinato, es decir, no es el más formidable de los enemigos). Una investigación realizada recientemente por el East Bay Express reveló que muchos agentes de policía de Oakland no pueden esclarecer asesinatos porque están demasiado ocupados conectándose por Facebook con prostitutas menores de edad o follando con ellas en el coche de patrulla. Pero si un DA necesita encontrar a un testigo, las fuerzas de calle del departamento de policía de Oakland pueden localizarlo frecuentemente mediante sus informantes confidenciales o pueden fabricar uno con una citación judicial por no haber pagado un ticket de estacionamiento, amenazando a un traficante de droga o revocando una libertad condicional o, si se resiste a cooperar, mantenerlo detenido en condición de testimonio material.

En el mejor de los casos, un acusado consigue tenerme a mí; aunque la mayor parte de ellos no consiguen ningún investigador. El famoso caso ‘Gideon contra Wainwright’ del Tribunal Supremo pudo dar a los acusados pobres el derecho a tener un abogado, pero no existe el derecho legal de tener la ayuda de un investigador (excepto en casos de pena capital). Y al contrario de un fiscal de distrito, nadie tiene que hablar conmigo o tener problemas con la ley. Yo no tengo influencia. Pero soy conocida por haber encontrado un testigo que no desea ser localizado y haberle obligado a presentarse.

En los últimos 10 años, sobre todo en casos radicados en el norte de California, entre muchos acusados que ayudado a defender, solo tres de ellos eran blancos, y se trataba de personas tan indigentes como los negros e hispanos pobres que atestan las cárceles de Estados Unidos.

Los equipos de defensa en los que he trabajado al principio empiezan preguntándose si la persona acusada podía haber hecho aquello de que se le acusa, y por qué lo habrá hecho. Hacer eso está en la naturaleza humana, pero si el acusado alega que es inocente, lo mejor es no saber nada sobre su culpabilidad.

“No sé qué pasó; yo no estaba allí”, dice una y otra vez un abogado que trabaja con condenados a muerte con el que trabajo para cortar ese tipo de especulaciones. En cuanto al porqué, los psiquiatras no suelen ayudar, incluso si se les llama para testificar. Décadas de investigación de la mentalidad criminal suelen acabar en: “Se quebró”. Esta no es una buena línea de trabajo frente a un jurado, pero es la que más seduce a muchos defensores.

“No es justo, pero eso es lo que hacen”

De todos modos, en un juicio real, la verdad de lo que realmente sucedió importa muy poco. Lo único que cuenta es la verdad representada por las pruebas.

¿Son acaso una defensa la pobreza, el racismo y una infancia desesperada? A los fiscales les encanta enfrentar este tipo de argumentos. Se montan en su caballo y salen a recitar el sueño estadounidense y sobre toda esa pobre gente que se traga su rabia y desesperación y no mata a nadie. Toda esa gente que no se quiebra.

Pero de cualquier manera, en California, aquello que ha hecho que alguien se quiebre no se admite en un juicio, excepto en casos de pena de muerte. La defensa por “capacidad disminuida” fue abolida en 1981después de que Dan White, ex supervisor de San Francisco, la utilizó para evitar el cargo de asesinato por haber matado al supervisor Harvey Milk y a George Moscone. El jurado compró el argumento del abogado defensor -que llegó a ser conocido como “defensa de los gemelos”- de que, cuando mató a los dos funcionarios, White estaba mal por haber consumido comida chatarra. Ignoró las pruebas que demostraban que White pensó y planeó el asesinato, cogió su pistola, fue al Ayuntamiento, entró por la ventana para evitar el detector de metales y recargó el arma después de haber disparado a Moscone en primer lugar.

En estos días, solo en la etapa final de un caso con posibilidad de pena capital -cuando el jurado decide si el acusado al que acaba de encontrar culpable se enfrentará con la pena de muerte o la prisión perpetua sin libertad condicional- los abogados de la defensa pueden presentar como prueba los acontecimientos trágicos en la vida del acusado. Entonces, el jurado puede enterarse de una infancia sin cuidados, de una madre adicta al crack, de la ausencia del padre por estar preso y de la iniciación en la vida de la calle a cargo de un hermano mayor. Solo entonces se pedirá al jurado que vea al acusado como una persona con una vida que va más allá del delito del que es acusado. Finalmente, la defensa reemplazará la exagerada foto del acusado que ha presentado el fiscal por unas imágenes familiares en Facebook en la fiesta de su sexto cumpleaños tocado con un tonto sombrero y otras de su infantil mamá.

A muchos miembros de jurados no les gusta mucho este tipo de defensa. Suponen que solo trata de una justificación. Sin embargo, no es así; es una explicación.

Tomemos el caso de Larry, un afroestadounidense de 50 años que creció en la más atroz pobreza de Deep East, el barrio más peligroso de Oakland. Larry tiene síntomas de esquizofrenia pero jamás ha conseguido ser incluido en un verdadero programa de cuidado de salud mental. Ocasionalmente, ha vivido con su madre, que también es esquizofrénica, en Acorn (“La ‘Corn'”), uno de los complejos habitacionales más peligrosos de West Oakland. Su madre tiene mucho miedo de los matones del complejo y por eso no se atreve a salir de su apartamento. Hace porco tiempo, Larry le dijo a un orientador de una clínica ambulatoria para pobres que a el le parece que sufre el trastorno de ansiedad postraumática (PTSD, por sus siglas en inglés) como consecuencia de tantos tiroteos y asesinatos que ha visto en su vida.

Como tantos otros pobres de Oakland, consigue sus exiguos medios de vida en la economía sumergida, entregando pequeñas cantidades de marihuana a clientes habituales que lo llaman a su teléfono móvil. Al mismo tiempo que la telefonía celular ha posibilitado el tráfico de drogas sin que se produzcan las batallas territoriales del pasado, la Corn está gobernada por un grupo de jóvenes gamberros llamado ‘La Mafia de Acorn’; sus rivales son ‘El equipo del Gasómetro’. La Mafia no vive solo del tráfico de armas y drogas; también consigue algún dinero robando a pequeños traficantes como Larry, cobrando a los vecinos por protección y quitándoles su dinero a los ancianos cuando hacen efectivo su cheque de la seguridad social.

Como hace tanta gente sin recursos que vive en esas calles miserables, Larry siempre está alerta. Solo bajar por la escalera del edificio puede significar ser asaltado por la Mafia, abordado por la policía o caer en medio del fuego cruzado de vaya uno a saber quiénes.

A comienzos de 2012, la vida de Larry se vino abajo. Su hermano murió de cáncer y su hermana falleció en un insólito caso de mala praxis médica en una sala de emergencia; además, fue testigo de la muerte de un amigo en un tiroteo entre bandas; sufrió un robo a punta de pistola en la calle cerca de la Corn. Mientras tanto, la Mafia de Acorn, empezó a presionar cada vez más a los hombres mayores como Larry para que les pagaran por protegerles.

Tal como lo cuenta Larry, una mañana de agosto, dos de los más salvajes miembros de la Mafia lo persiguieron en las calles alrededor de la Corn para exigirle que hiciera una lista de los colegas de su edad para extorsionarlos. Larry buscó refugio en el apartamento de un amigo en una de las torres del complejo. Cuando les habló a sus amigos de las últimas amenazas, el grupo discutió qué hacer mientras ahogan sus temores fumando marihuana y bebiendo unos mai tais.

Más tarde, cerca del anochecer, Larry y su amigo Arthur iban hacia la tienda local de bebidas para comprar unos cigarrillos cuyo tabaco ellos mezclaban con marihuana. En eso, aparecieron otra vez los dos gamberros de la Mafia que les habían acosado un rato antes y habían amenazado de muerte a Larry si no conseguía rápidamente un dinero. Larry y Arthur se refugiaron en la tienda pero uno de los matones entró también tras ellos mientras el otro se quedaba fuera esperando.

Larry ya estaba harto y se quebró. Cogió la vieja pistola de Arthur que él llevaba para protegerse y corrió hacia la calle. Él dice que disparó una vez, para asustar a los dos gamberros. Eso dio comienzo a una intensa balacera. Cuando la pistola de Arthur se encasquilló, Larry volvió corriendo a la tienda de licores. Tan pronto como paró el tiroteo, Larry y Arthur desaparecieron en el barrio. En el enfrentamiento, uno de los matones de Acorn resultó herido y más tarde murió en el hospital del condado.

Larry y Arthur fueron detenidos unos meses después. Larry fue acusado de asesinato y Arthur de delito grave con uso de arma de fuego y la accesoria de conocimiento del homicidio. En la calle se decía que la víctima había sido alcanzada por un disparo accidental de su propio primo, el matón que había ido tras Larry en la tienda de licores. Incluso el padrastro del muerto me dijo que él daba crédito a esa versión. Pero ningún testigo -y había unos cuantos frente a la tienda de licores durante la refriega, entre ellos varios colegas de Larry- estaba dispuesto a dar un paso al frente, Todos ellos tenían antecedentes, estaban metidos en la droga y le tenían miedo a la policía.

En la calle, cerca del cuerpo del herido se encontraron seis casquillos disparados por una de las armas y otro disparado por otra arma. Nunca se encontró pistola alguna. La herida de la victima era “con orificio de salida”, es decir, no había una bala para cotejar con un arma en particular.

Las leyes californianas referidas a la defensa propia y la provocación -al contrario de la de Florida sobre “uso justificable de la fuerza”, utilizada en la causa contra George Zimmerman por el asesinato de Trayvon Martin- son muy estrictas. Al abogado de Larry le preocupaba que un juez pudiera dictaminar que la defensa propia no fuera justificable porque Larry había sido el primero en disparar (aunque, como él aseguraba, lo hiciera al aire). Su posible trastorno de ansiedad postraumática, la reciente seguidilla de tragedias en su vida personal, la presión de las peores calles de Oakland, el hecho de que estuviese confundido por el consumo de marihuana y mai tai, todo esto podía ser irrelevante en un juicio en California.

Entonces, Larry no tenía el lujo de una ‘defensa de los gemelos’. Él le tenía miedo al jurado. Ningún pobre consigue un jurado integrado por sus pares. Muy poca gente pobre es llamada a formar parte de un jurado porque las listas de sus posibles miembros se nutren del censo electoral y el registro de licencias para conducir. Ir a un tribunal implica el riesgo de ser detenido y cacheado por la policía (yo he tenido un testigo de la defensa que fue arrestado mientras esperaba para testificar fuera del tribunal y otros que fueron seguidos hasta su casa por la policía después de que mostraran su apoyo a un familiar en el juicio). Ningún fiscal permitiría en un jurado a alguien que tuviese una vida como la que tenía Larry: antecedentes de consumo de drogas (aunque fuera cuando tenía 20 años) o que entendiera de primera mano la vida y la muerte en las zonas de guerra de Oakland.

Larry le tenía miedo a una sentencia de cumplimiento obligatorio, que limita considerablemente la posibilidad de que un juez cambie un veredicto mediante la consideración de circunstancias atenuantes para una persona en particular con una vida como la de Larry, con un prontuario limpio durante los últimos 20 años, con su posible PTSD y la violencia cotidiana de la Corn. Eso significaba que él se enfrentase a 25 años o prisión perpetua si era declarado culpable de asesinato. Por defenderse. Por disparar un tiro aunque no estuviese claro quién había herido a la víctima mortal.

Fue así que, para conseguir una pena más leve, Larry se declaró culpable de una muerte de la que quizá él no era responsable. Homicidio sin premeditación significa una sentencia de cumplimiento obligatorio de 12 años de prisión,

El joven de la Mafia de Acorn que había amenazado a Larry en la tienda de licores aquella noche de agosto y posiblemente hecho el disparo mortal fue detenido al poco tiempo por varios robos a mano armada y condenado a pasar 15 años en la cárcel.

Vi a Larry junto antes de que dejara su celda del condado para entrar en la prisión. Le pedí disculpas por no haber podido defenderlo. Él me agradeció por intentarlo y agregó: “No es justo, pero eso es lo que hacen”.

Judith Coburn

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* Noir (negro), en francés en el original. (N. del T.)

TomDispatch. Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García. Extractado por La Haine

Texto completo en: http://www.lahaine.org/el-sistema-de-injusticia-penal

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