Xochicuautla por la reapropiación del bosque otomí que por derecho ancestral le pertenece

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Con un contra acuerdo de reapropiación de las tierras, la comunidad de Xochicuautla buscará por la vía legal revertir el decreto expropiatorio emitido el pasado nueve de julio por el presidente de México, Enrique Peña Nieto que declaró de utilidad pública 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan. “Ahí vamos a dar el debate jurídico entre el derecho indígena y el derecho que pueda tener el gobierno con el decreto”, manifestó Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

La comunidad de Xochicuautla a través del Consejo Supremo Indígena Otomí, designó al Centro de Derechos, la tarea de interponer un contra acuerdo desde los derechos indígenas contemplados en los tratados nacionales e internacionales, es decir  que se intentará revertir el decreto expropiatorio emitido  por Peña Nieto. “Nuestra intensión es poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SPJN) y a las instancias internacionales, porque desde hace ocho años los tribunales le ha dado la razón a la comunidad pero la justicia no llega”, detalló Lara Duque.

Cuando la comunidad se enteró de la expropiación de sus tierras por parte de Peña Nieto, se sorprendió y se sintió lastimada después de ocho años de luchar por detener el proyecto carretero. “Más que el decreto en sí mismo, esto es un insulto para la inteligencia de la comunidad, porque dice el decreto que se hicieron consultas lo cual es totalmente falso”, informó el defensor.

Según el documento oficial, “los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la Comunidad San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista”.

Desde hace casi un mes la comunidad indígena ha estado sitiada por trabajadores de la empresa Autovan, custodiados de manera permanente por Policías Estatales, personal del Gobierno Estatal y Policía Ministerial, quienes se empeñan en construir la autopista que dañará 600 mil metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año y el daño de lugares sagrados para la cultura otomí.

Para los indígenas otomíes el pronunciamiento del gobierno sobre las supuestas cosultas, es una burla total como pueblo indígena, porque nunca se dio. La asamblea celebrada el 14 de agosto del 2011 en medio de un fuerte operativo de granaderos, donde fue aprobada de manera ilegal la autopista, mediante un amparo impuesto por la comunidad, la asamblea fue declarada ilegitima.

No obstante esto no ha bajado los ánimos de los ñha-ñhú, que ya están emprendiendo diferentes acciones jurídicas y políticas para no permitir el paso de la autopista privada, que partirá en dos su bosque sagrado para que los habitantes de la lujosa zona de Santa Fe puedan transportarse más rápido al aeropuerto de Toluca.

“Las autoridades tradicionales no han otorgado el permiso ni su consentimiento para la realización de la obra y con todo el fundamento legal que le vamos a poner, las tierras pasarían de nuevo a dominio de la comunidad con el argumento del derecho indígena”, informó Antonio Lara.

En la tarde de este lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recorrió el bosque otomí, en parte para que este organismo del Estado tome un postura en el conflicto y no se asuma como un ente neutral. “Nosotros como Centro de Derechos Humanos ya entablamos una comunicación con la comisión para hacer todas las gestiones para que ésta emita las medidas cautelares pertinentes para garantizar la integridad de las personas de Xochicuautla y la suspensión definitiva de la obra”.

Además del proceso jurídico que emprenderá el Centro Zeferino, el abogado Lara Duque señaló que los amparos que aún no se han definido deben seguir su curso legal normal, igualmente se interpuso otro amparo contra el decreto de expropiación.

“Son varias rutas de defensa que ha tomado la comunidad para no permitir que su bosque sea arrebatado”, refirió Antonio Lara, quien agrego que siguen haciendo un llamado a la sociedad mexicana a pronunciarse en contra de este decreto y proyecto.

El próximo fin de semana los padres de familia y compañeros de los normalistas desaparecidos, así como otros pueblos indígenas arribaran a Xochicuautla para solidarizarse con los otomíes y exigirle al gobierno de Peña Nieto que no prodiga con la imposición de megaproyectos que despojaran sus territorios para que estos sean entregados a las empresas privadas.

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