México: Omisión del Estado para indagar violaciones a maestras

Investigadoras de la violencia de género aseguran que el Estado mexicano debería esclarecer la posible violación sexual perpetrada contra maestras de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), por policías federales durante un enfrentamiento en el puerto de Acapulco, el pasado 24 de febrero.

Ese día, en un acto represivo contra una protesta de la CETEG en demanda de mejoras laborales y salariales, policías federales arremetieron con golpes y ofensas contra más de 200 mujeres que conformaban el contingente. Horas e incluso días después del ataque algunos medios de comunicación locales y nacionales informaron que cuatro maestras habrían sido agredidas sexualmente.

El testimonio de una de las profesoras que tuvo que ser hospitalizada por las fuertes agresiones que sufrió –difundido por Cimacnoticias– reveló que fue desnudada mientras estaba inconsciente y sus órganos sexuales presentaban lesiones.

Al respecto, Rogelio Ortega Martínez, gobernador interino de Guerrero, negó tales violaciones, ya que –aseguró– ninguna maestra fue detenida y nadie denunció tales hechos.

Edith Escareño Granados, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, dijo en entrevista con esta agencia que las víctimas de tortura sexual –como podrían haber sido las maestras de la CETEG– enfrentan múltiples obstáculos para hablar de lo que les sucedió y, posteriormente, decidirse a denunciar ante las autoridades.

La experta detalló que en primera instancia el miedo, la culpa y la vergüenza invaden a las mujeres, lo que “las paraliza” para hablar de los hechos. Se añade que cuando los agresores son agentes del Estado que deberían resguardar su seguridad –advirtió Escareño–, las mujeres no conciben posibilidad de acceder a la justicia.

Si deciden denunciar, las víctimas son sometidas a interrogatorios, procesos judiciales largos e irregulares, y al desgaste de su salud física y mental, abundó la activista.

Escareño Granados detalló que en México aún no existen los medios ni las vías para que las mujeres víctimas de tortura sexual puedan denunciar ante un sistema que les garantice seguridad y justicia, porque los agresores están dentro del mismo cuerpo penal.

Además, las investigaciones son tardías, se estigmatiza a las personas denunciantes, y hay impunidad en el 100 por ciento de los casos, detalló.

La especialista agregó que las agresiones sexuales contra mujeres manifestantes es una forma de “terrorismo de Estado”, en el que el el cuerpo de las mujeres se usa como “botín de guerra” para acallar sus protestas, por eso son consideradas como tortura sexual.

Explicó que la violación sexual no es la única manifestación de la tortura, sino que las vejaciones verbales, las amenazas de violación sexual, los tocamientos y los golpes en los genitales durante las detenciones o la represión de movimientos sociales, son una forma de tortura que el Estado debe investigar y sancionar, según establece la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

LA HISTORIA SE REPITE

La académica de la UNAM Alicia Pérez Duarte y Noroña señaló en entrevista que la posible violación sexual contra las maestras tiene elementos similares a la represión cometida contra habitantes de San Salvador Atenco, Estado de México, en 2006, que derivó en las vejaciones contra 26 mujeres por parte de policías estatales.

Pérez Duarte, que en ese entonces era fiscal especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, como parte de la Procuraduría General de la República, reveló que en ese momento enfrentó muchas trabas –interpuestas por la propia PGR– para iniciar las investigaciones del caso.

La experta en Derechos Humanos (DH) de la población femenina afirmó que “es común” que en violaciones sexuales contra mujeres por parte de elementos del Estado, éstos primero se nieguen y luego desmientan las acusaciones de las víctimas.

Incluso –advirtió la académica del Instituto de Investigaciones de la UNAM– el Estado llega a desprestigiar y poner en entredicho el relato de las mujeres, a fin de no culpar a ningún agente de haber violado DH.

En el caso de Atenco, recordó Pérez Duarte, el entonces procurador general de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, le dijo que las acusaciones por violencia sexual eran “falsas” porque las mujeres detenidas eran “gente activista y guerrillera y como tal saben que tienen que decir que las violaron”.

Es un vicio del aparato de justicia no partir de la presunción de que los hechos ocurrieron, sino de no creerle a la víctima principalmente cuando se trata de mujeres y activistas, reconoció.

Pérez Duarte recordó que para iniciar la averiguación previa de violaciones sexuales en el caso Atenco hizo uso de una fotografía del diario La Jornada, en la que aparecía una mujer indígena en el suelo y una bota de un policía a lado de ella.

Posterior a esto, buscó a las mujeres para que prestaran su declaración y fue así como la PGR inició la investigación por “actos libidinosos”, pero no por tortura sexual.

Bajo esos argumentos, la académica observó que diversas instituciones del Estado –principalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos– deberían estar buscando a los responsable de la agresión contra las maestras en Guerrero, sobre todo en el contexto de desapariciones y narcotráfico que enfrenta la entidad.

Refrendó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, ya tiene los elementos suficientes para buscar a las docentes y brindarles acompañamiento.

Alicia Pérez Duarte informó que gran parte de las violaciones al debido proceso durante el caso Atenco fueron ocasionadas por los prejuicios y el desconocimiento de quienes dirigían el sistema penal, quienes consideraron entonces “muy costoso” reparar el daño y aplicar el Protocolo de Estambul, manual de la ONU que ofrece parámetros médicos y físicos para detectar probables casos de crueldad ejercida por el Estado.

A 14 días del enfrentamiento entre la CETEG y la Policía Federal en Acapulco, ninguna autoridad federal ni estatal –como las comisiones de Derechos Humanos o las instancias para la mujer– ha hecho pública su postura al respecto, y mucho menos ha buscado a las posibles víctimas de tortura sexual.

Algunos grupos civiles que protegen los DH dijeron a esta agencia que ya están investigando la posible violación sexual contra las maestras, y que incluso están documentando que ese día hubo un “excesivo uso de la fuerza” para reprimir el movimiento. Pero criticaron que ninguna autoridad o institución oficial les haya abierto las puertas para fortalecer la búsqueda.

Fuente: Cimac

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