Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?
06 dic 2017

 

 

 

Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

Según explica Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entrevistado el pasado viernes por Radio Zapatista y Radio Zapote, el conflicto lo crea el gobierno federal cuando, en 1935, dota de tierras a Chenalhó pero no ejecuta la sentencia. Años después, en 1975, la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) dota a Chalchihuitán de tierras antes dotadas a Chenalhó, y esta vez sí ejecuta la sentencia en 1980. Sin embargo, antes de la intervención del gobierno ambos pueblos vivían en paz, respetando el acuerdo de las autoridades tradicionales, que consideraba al río como la línea divisoria. El trazado de los límites territoriales impuesto por la SRA en 1975 es un trazado ficticio que va en línea recta y que desconoce los acuerdos y las decisiones de los propios pueblos originarios. Así, dos pueblos que otrora vivieron pacíficamente, pasan a disputar tierras gracias a la intervención irresponsable y racista —por ignorar los acuerdos de los pueblos— del gobierno federal, y se crea un conflicto que desde entonces ha resultado en varios muertos y, ahora, en el terror y el desplazamiento forzado de 6 mil indígenas.

Desde 2005 se interpuso una demanda que 12 años después no se ha resuelto y que actualmente se encuentra en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez. Según dicho tribunal, a más tardar el 15 de diciembre dará a conocer la sentencia.

Raíces de la violencia – Paramilitarización, contrainsurgencia e intereses partidistas

El grupo armado de Chenalhó cuenta con armas de uso exclusivo del ejército y ha crecido en los últimos años, atrayendo a muchos jóvenes de la región. El grupo surge, o se reconstituye, a partir de la disputa entre el PRI y el PVEM en Chenalhó. Según el Frayba, toda la zona es tradicionalmente priísta, pero las elecciones de los pueblos son por consenso comunitario. O sea, los pueblos eligen a su candidato, que se postula por el PRI. Así, la votación es un mero trámite en el que se ratifica lo previamente acordado por el pueblo. Pero en las elecciones del 2015, con Manuel Velasco Coello en la gubernatura, el PVEM comenzó a imponer a candidatos de su partido como forma de control geopolítico. Uno de los lugares donde esto sucedió fue Chenalhó, donde Rosa Pérez Pérez “ganó” la elección para la presidencia municipal, contrariando el acuerdo comunitario.

Los pobladores denunciaron el fraude, y se creó el llamado Movimiento Pedrano para impedir que Pérez tomara posesión. Este movimiento realizó una serie de acciones de protesta que incluyeron la toma de la alcaldía, bloqueos, toma de casetas de cobro y más, y que culminaron el 25 de mayo de 2016, cuando un grupo vinculado a dicho movimiento irrumpe en la sede de la diócesis de San Cristóbal y secuestra al presidente del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar (junto con otro diputado y un conductor), a quien obligan a aceptar la renuncia de Rosa Pérez Pérez al día siguiente. Desde ese momento, el entonces síndico Miguel Sántiz Álvarez toma posesión como alcalde sustituto.

Sin embargo, el 6 de junio de 2016 Rosa Pérez impugna su destitución ante el TEPJ, argumentando que se trata de “destitución ilegal y violencia política por razón de género”. Dos meses después, el 17 de agosto de 2016, Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ) le da la razón y ordena que sea restituida, pero sus opositores impiden su retorno a Chalchihuitán.

Es entonces que, según información recabada por el Frayba, Rosa Pérez empieza a armar y fortalecer las estructuras paramilitares que estaban presentes desde la década de 1990. Así, el 22 de febrero de este año, seguidores de Rosa Pérez desalojan con violencia a partidarios de Miguel Sántiz, por medio de un ataque armado que resulta en dos muertos —uno de ellos hijo de Miguel Sántiz— y más de una docena de heridos. A pesar de esto y de las evidencias de la violencia, en el momento Pérez asegura que “recuperaron la presidencia municipal en plena calma” (ver artículo en Proceso). Y tres semanas después, Rosa Pérez recupera el ayuntamiento, acompañada de 200 elementos de Seguridad Pública. “Hemos regresado”, declaró en su momento la alcaldesa con inmejorable cinismo, “para que las cosas vuelvan a la normalidad, a la paz, a la tranquilidad que merecen todos los habitantes de San Pedro Chenalhó” (ver artículo en El Universal).

Pero lo que es importante destacar en todo esto es que las condiciones para la actuación de dichos grupos ya estaban presentes porque el gobierno nunca desarmó a los grupos paramilitares que él mismo creó después del levantamiento zapatista, conforme a lo dispuesto en el Plan de Campaña Chiapas 94, el plan de campaña de la comandancia general de la VII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Dicho plan especifica que: “Las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo”, y contiene un anexo que “Describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo. (…) En el caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas” (ver artículo de Gilberto López y Rivas en La Jornada).

El resultado de esta estrategia contrainsurgente es la continuada presencia de grupos armados en toda la región de Los Altos de Chiapas, incluyendo a Chalchihuitán y desde luego a Chenalhó, y el peligro de que dichos grupos lleven a una repetición de la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad. Como explica Pedro Faro, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ha reiterado en varias ocasiones que “tanto en el PRI como en el PVEM permanecen personajes que ellos han denunciado como los autores materiales de la masacre y de los desplazamientos en los momentos más álgidos del conflicto interno”. Lo que personas como Rosa Pérez han hecho es incentivar, armar y reactivar a dichas estructuras para beneficio propio.

¿Coincidencias?

Casualmente, el estallido de la violencia y el sitio a Chalchihuitán por parte del grupo armado de Chenalhó tuvo lugar justo antes de la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a Acteal, planeada para el 14 de noviembre. Debido a las condiciones de inseguridad, dicha visita fue cancelada, y la Relatora tuvo que reunirse con las víctimas y sobrevivientes de la masacre en el ejido de Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas (ver Koman Ilel).

Para el Frayba, una de las posibles interpretaciones es que el conflicto puede haber sido provocado para evitar que la relatora fuera a Acteal. Un relator de la ONU anterior, Rodolfo Stavenhagen, hizo mucho énfasis en la falta de atención a los desplazados del conflicto interno por parte del Estado mexicano, y señaló a la masacre de Acteal como tema de impunidad e inacción de justicia. Así, uno de los motivos de la visita de la relatora a Chiapas era darle continuidad al trabajo de Stavenhagen y sus recomendaciones al Estado mexicano. Puesto que el Estado nunca reconoció los desplazamientos forzados por causa del conflicto armado, y nunca ha reconocido la presencia de grupos paramilitares y mucho menos su propia participación en la creación y entrenamiento de dichos grupos como parte de la estrategia de constrainsurgencia, el Estado tiene todo interés en evitar la presión de la ONU, justamente cuando se acerca el 20 aniversario de la masacre.

Lo alarmante del caso es que las condiciones previas a la masacre de Acteal en diciembre de 1997 son muy semejantes a las que se observan hoy en Chalchihuitán y Chenalhó. Muchas organizaciones y varios medios de comunicación han alertado sobre este peligro, sin que hasta ahora dichas advertencias hayan resultado en una acción contundente por parte del gobierno para resolver el conflicto que, repetimos, él mismo creó.

(In)acción del gobierno

La acción del gobierno hasta ahora ha sido, primero, minimizar la problemática y, segundo, implementar medidas que no contribuyen a solucionar el problema ni a aliviar sustancialmente la crisis humanitaria. Se anunció la aplicación de medidas cautelares y el restablecimiento de las vías de comunicación, pero hasta ahora las vías de acceso siguen cortadas y el grupo armado continúa llevando a cabo acciones violentas para impedir el retorno de los desplazados y la restitución de las vías de comunicación.

El pasado jueves 30 de noviembre llegaron 40 elementos del ejército a la cabecera municipal de Chalchihuitán, presumiblemente para llevar ayuda a los desplazados y disuadir al grupo armado de un posible ataque a esa población. Sin embargo, en vez de acudir a las montañas, donde se encuentran las familias desplazadas, están entregando los víveres en la propia cabecera municipal, a la que las familias tienen mucha dificultad para desplazarse. Al mismo tiempo, el padre Marcelo reportó que llegó una brigada de salud, pero que ésta sólo atendió a una veintena de personas y después se fue.

Por otro lado, el Frayba advierte que la militarización de la región representa un peligro, y no una solución. Como quedó claro con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior por parte de la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre, la intención del Estado es militarizar todo el país. Dice Pedro Faro: “Es una ley a modo para proteger las actuaciones del ejército en las calles, al que se ha denunciado en muchos casos, con pruebas fehacientes, por cometer ejecuciones extrajudiciales. Y hay estudios muy serios de universidades que comprueban que la acción del ejército fuera de sus cuarteles no ha disminuido la violencia. Octubre fue el mes más violento del sexenio. Por más que organizaciones y académicos han alertado sobre lo peligroso y perjudicial de tener al ejército fuera de sus cuarteles, se persiste en esta situación de guerra”.

Lo que los últimos años han demostrado es que en todo el país el ejército mexicano está coludido con el crimen organizado y con personajes como Rosa Pérez, que fomentan la creación o fortalecimiento de grupos paramilitares que actúan en contra de la población civil.

Lo que no ha sucedido es el retiro de la protección a Rosa Pérez y el desmantelamiento del grupo criminal armado (que llegó incluso a impedir la llegada de una Base de Operaciones Mixta que el gobierno pretendía establecer hace dos semanas), ni el restablecimiento de las condiciones necesarias para la ayuda humanitaria. Y tampoco se ha resuelto el problema agrario de base.

Mientras eso, seis mil personas siguen a la intemperie mientras el frío arrecia, y no hay señales de distensión. Al contrario. En un acta emitida ayer, 5 de diciembre de 2017, firmada por Rosa Pérez Pérez y otras autoridades de Chenalhó, se hace la siguiente amenaza en contra de los comuneros de Chalchihuitán:

Se aclara que en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva y a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó.

(Incluimos abajo el acta citada.)

acta1

 

 

 

 

 

 

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acta3

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Radio Zapatista

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